¿La economía es independiente de la política? ¿El Estado no debe regular a las empresas? ¿Existe la teoría del derrame? Algunas de estas respuestas parecen ser claras y hasta obvias, sin embargo, hoy son objeto de discusión en la televisión, en las casas de estudios, y en los partidos políticos.
Cuando se discute el rol del estado en los distintos ámbitos de nuestra sociedad se debe considerar lo que requiere el desarrollo para poder materializarse en diversificación de la matriz productiva, empleos, nuevos bienes y servicios, entre otras cuestiones. En primera instancia es importante aclarar que la economía es una ciencia social, por lo que resulta imposible separarla de la política.
Cuando se habla de economías desreguladas se comente un error. Todo lo que el estado decide hacer o no hacer es política pública, no existe la desregulación como tal. Y en lo que concierne a la teoría del derrame, como toda ley social, no se corrobora en la totalidad de los casos, con lo cual debe existir un conjunto de premisas para que eso tenga lugar.
Aclaradas esas cuestiones fundamentales, es importante señalar que el desarrollo de un país, pasa en gran parte por participar de mejor manera en la cadena de valor a nivel mundial, eso se pude lograr por medio de la creación e incorporación de tecnologías y en know how –conocimiento- requerido.
En particular sobre el rol del Estado en materia de gestión de la innovación la CEPAL (2021) sostiene que se han introducido modificaciones institucionales en varios países de América Latina y el Caribe, y que ello ha permitido la creación de instituciones de alto nivel político. Sin embargo, todavía se observa cierto predominio de la ciencia básica en comparación con la ciencia aplicada y el desarrollo experimental.
Desde la Comisión, entienden que el modelo de apoyo público de los gobiernos a la ciencia, la tecnología y la innovación se ha basado en lógicas de mercado en las que domina la demanda de recursos con una escasa coordinación y direccionamiento de la investigación.
Afirman que, desde hace décadas, la acción pública se ha centrado principalmente en proporcionar subvenciones para la investigación y la innovación a científicos y a empresas, respectivamente. Sin embargo, no se ha definido la orientación de esos recursos hacia fines determinados, lo que pone en duda la eficacia de dicha estrategia.
“…La combinación de instrumentos de política de apoyo a la innovación parece incompleta e insuficiente para impulsar un gran salto en estas materias en la región. Existen algunos factores propios del entorno económico que pueden inhibir la innovación empresarial. Además, la falta de apoyos tales como el crédito para la innovación y las compras públicas innovadoras, disponibles en muchos países de la OCDE, limita las posibilidades de que las empresas emprendan proyectos innovadores…” (CEPAL, 2021)
En el siguiente gráfico podrán ver hacia la parte superior la cantidad de investigadores por Estado, mientras que hacia la derecha el gasto público en investigación y desarrollo, de los países detallados:
(Fuente: Blog Salmón, 2022)
Para mejorar esos indicadores se refiere la articulación entre diferentes actores, y muy particularmente entre los sectores gubernamental, académico y empresarial.
La innovación pasa a ser un ámbito de política de todas las áreas de gobierno, lo que requiere nuevos arreglos institucionales que faciliten la coordinación y el fortalecimiento de las capacidades de formulación y gestión de política. No es casualidad que los países que son más innovadores poseen un estado incentivando la participación del sector privado.
